En la zona cero de la Base Naval Integrada: el presupuesto y el plan para reactivar la obra en medio de la tensión por Malvinas
Una vez aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia, a unos 200 metros en línea recta se llega al punto exacto, la «zona cero», de lo que será la Base Naval Integrada, el proyecto militar que lleva décadas a la espera de concretarse y que volvió a escena con el reciente discurso de Javier Milei sobre el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas. En ese predio estratégico —el punto más próximo entre el continente y la Antártida— hoy no hay más que una platea de 20 metros, un monolito inaugurado en 2022 por el entonces ministro de Defensa Jorge Taiana, barro, nieve y tres carpas calefaccionadas.
El terreno ocupa una franja costera al sur de la ciudad, con frente sobre la bahía de Ushuaia que desemboca en el canal de Beagle. Allí la Armada proyecta 39.362 metros cuadrados de superficie cubierta —edificio de comando, alojamientos, un helipuerto y hasta una capilla— además de 585 metros de muelle y un sector de logística antártica con galpones de carga, cámaras frigoríficas y depósitos de combustible. Hasta el lugar llegaron el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno, junto a altos mandos militares y legisladores libertarios fueguinos, para relanzar formalmente la obra: la reanudación de los trabajos comenzará a principios de 2027, con final previsto para fines de 2029.
El proyecto arrastra una historia larga: los primeros estudios datan de 1971, el arranque formal de obras llegó recién en marzo de 2022 bajo la gestión de Alberto Fernández —alcanzando apenas un 9,13% de avance para fines de 2023— y quedó completamente frenado durante casi dos años con la llegada de Milei al poder y su política de déficit cero. Ahora, mediante el Decreto 867, el Gobierno reasignó $217.954 millones para reiniciar los trabajos, mientras un segundo tramo de más de $300.000 millones adicionales quedó supeditado a la aprobación del Presupuesto 2027 en el Congreso. Tanto Quirno como Presti fueron categóricos al remarcar que la financiación será «cien por ciento argentina», sin aportes de Estados Unidos ni de ningún otro país, en un contexto en el que la mención resulta sensible: la excomandante del Comando Sur, Laura Richardson, había visitado la zona en 2024 junto al propio Milei.
Detrás del proyecto hay además una disputa geopolítica de fondo con Punta Arenas, la ciudad chilena que hoy concentra la mayor parte del tráfico logístico y científico hacia la Antártida. La geografía favorece a Ushuaia —el canal Beagle permite llegar a aguas abiertas en menos tiempo—, y el horizonte estratégico que motoriza la apuesta es 2048, año de la primera revisión del Tratado Antártico: consolidarse como «puerta de entrada» al continente blanco le daría a la Argentina una posición negociadora más sólida en esa instancia. El plan contempla seis obras de infraestructura, con el muelle como eje central: los primeros 240 de los 585 metros totales deberían estar listos en 18 meses, mientras que a partir de 2028 se prevé relocalizar la base naval actual y construir viviendas para el personal, en un esquema que además incluye licitaciones públicas para toda la construcción, a diferencia del contrato directo que en su momento tenía la gestión anterior con el astillero estatal Tandanor.
