Con la campaña electoral en el horizonte, la inseguridad vuelve a imponerse en la agenda de la provincia de Buenos Aires

El asesinato de un vecino en José C. Paz reactivó el debate sobre seguridad en el conurbano bonaerense, con fuerte impacto político de cara a la campaña 2027. El municipio, cuyo jefe político es Mario Ishii, difundió un comunicado exigiendo al gobernador Axel Kicillof «reforzar la seguridad en todo el territorio de la provincia (…) y en especial en nuestro distrito». En paralelo, el intendente de Morón, Lucas Ghi —del propio espacio de Kicillof, el Movimiento Derecho al Futuro—, elevó una señal a la Legislatura bonaerense y, de manera implícita, al Poder Ejecutivo provincial.

El reclamo se vincula a un proyecto pendiente: el gobierno bonaerense cerró tiempo atrás una ronda de consultas con intendentes para avanzar en una ley que reglamente la actividad de las policías municipales, otorgándoles a los jefes comunales mayor poder de decisión sobre el despliegue de las fuerzas locales, un marco legal del que hoy se carece. Frente a la ola de reclamos, el Ministerio de Seguridad bonaerense difundió dos informes internos de la Superintendencia de Análisis Criminal, que comparan los homicidios dolosos entre el 1° de enero y el 11 de septiembre de 2025 y el mismo período de 2026: a nivel provincial, los homicidios bajaron un 14,3%.

Los datos desagregados muestran contrastes distritales: en José C. Paz, los casos pasaron de 21 a 18 en la comparación interanual, con una fuerte caída en los ajustes de cuentas (de 11 a 5 hechos, -54,5%) y una leve baja en homicidios de delincuentes durante robos (de 3 a 2). En Morón, el descenso fue todavía más pronunciado: los homicidios dolosos cayeron 60% en el mismo período. Pese a esos números oficiales, la percepción pública de inseguridad sigue siendo un tema sensible que distintos sectores políticos —tanto oficialistas como opositores al Gobierno nacional— buscan capitalizar de cara a las elecciones del año próximo.