La tragedia en Nepal reactivó en Argentina el reclamo por la reforma de la Ley de Glaciares
Argentina, que cuenta con 16.968 cuerpos de hielo que cubren 8.484 kilómetros cuadrados, había sido pionera en Latinoamérica al aprobar en 2010 una ley de protección de glaciares como reservas estratégicas de agua. Sin embargo, la reforma impulsada por el Gobierno en abril pasado sumó presión de actividades extractivistas a los efectos que ya genera el cambio climático sobre estos ecosistemas: la nueva normativa habilita a las provincias a autorizar proyectos mineros en áreas periglaciales —las zonas aledañas a los glaciares— si consideran que no cuentan con reservas estratégicas de recursos hídricos, lo que según los ambientalistas abre la puerta a decisiones discrecionales.
La reforma había generado un fuerte rechazo social: cerca de 900.000 personas se sumaron a un reclamo formal en la Justicia para pedir la restitución de la protección original de la Ley de Glaciares. El país había reconocido oficialmente en 2024 que el aumento de la temperatura generó un retroceso de casi todos los glaciares andinos de la Patagonia sur durante las últimas décadas, incluido el emblemático Perito Moreno, uno de los pocos glaciares del mundo que históricamente se mantuvo estable.
