Gobernadores exigen retirar del Presupuesto 2027 los artículos sobre discapacidad y los recortes en la AUH
El debate legislativo por el Presupuesto 2027 entró en zona de máxima turbulencia después de que los gobernadores del interior endurecieran su postura frente al Poder Ejecutivo y condicionaran su respaldo a la eliminación de una serie de artículos considerados especialmente sensibles. El proyecto enviado por el Gobierno propone derogar disposiciones centrales de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N°27.793 —entre ellas el artículo que garantizaba la cobertura médica obligatoria para titulares de pensiones no contributivas y el que impedía dar de baja automáticamente esos beneficios al conseguir un empleo formal—, además de desregular el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que hasta ahora fijaba un arancel único en todo el país.
En paralelo, el artículo 17 del proyecto deroga tres disposiciones de la Ley 27.160, eliminando la actualización automática y mensual atada a la inflación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, la ayuda escolar anual y otras asignaciones familiares, sin proponer ningún mecanismo alternativo de ajuste. Según datos del propio sistema, la medida impacta directamente sobre 4,1 millones de titulares de AUH, 3,3 millones de beneficiarios de la ayuda escolar y 91.000 receptoras de la Asignación por Embarazo. Ya en 2025 y 2026 el Gobierno había intentado avanzar con un desenganche similar, pero en ambas ocasiones el Congreso terminó retirando ese artículo del texto finalmente aprobado.
La jugada generó sorpresa incluso entre los propios aliados legislativos: fuentes cercanas al bloque de Cristian Ritondo (PRO) advirtieron que la medida podría tener «un costo político alto», mientras que las propias diputadas libertarias Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado —que venían trabajando en un proyecto propio sobre discapacidad— reconocieron que «ahora habrá que ver cómo seguimos». «Hoy nos levantamos y estaba todo incendiado», resumió otro legislador oficialista. El diputado opositor Juan Marino explicó que el proyecto «invierte la regla»: cualquier empleo registrado, incluso de pocas horas, extinguiría de forma automática la pensión por discapacidad, empujando a esa población hacia la informalidad.
