El “plan platita” de Caputo para que nadie cobre menos de $860.000 genera dudas dentro de la CGT
El equipo económico que conduce Luis Caputo avanza en un esquema informal para que ninguna paritaria homologada fije salarios de bolsillo por debajo de los $860.000 mensuales (equivalentes a $1.070.000 brutos), en momentos en que la cifra apenas supera la mitad del valor de la canasta básica. El mecanismo, que se negocia puertas adentro entre funcionarios y los principales articuladores de la CGT, es complejo: dado que el Gobierno mantiene el tope del 2% mensual como referencia para los aumentos paritarios homologados, para llegar a esa suma habría que habilitar el pago de bonos no remunerativos o sumas fijas por fuera del esquema formal, y todo el acuerdo se daría a través de conversaciones informales, sin ningún documento oficial de por medio.
La medida apunta especialmente a las categorías salariales más bajas de sectores como textiles, peones rurales, operarios metalúrgicos, calzado, construcción y maestranza, gastronómicos y de servicios en general. Sin embargo, desde la propia central obrera ya advirtieron que “no alcanza”: la CGT había propuesto en su momento un salario mínimo de $993.000, mientras que el sector empresario ofreció apenas $468.000, una brecha que terminó resolviéndose por decisión unilateral del Gobierno muy por debajo de ambas posiciones.
El contraste queda en evidencia con los propios números oficiales: el salario mínimo, vital y móvil pasará en septiembre de $376.600 a $383.800, y recién llegará a $437.000 en abril de 2027, un incremento acumulado de apenas $60.400 en ocho meses, unos $7.500 mensuales en promedio. Ese desfasaje explica en gran parte la resistencia sindical al “plan platita”: mientras el Gobierno busca instalar un piso informal de referencia bastante más alto para las categorías convencionadas, el propio salario mínimo legal sigue moviéndose muy por debajo de esa cifra y del ritmo real de la inflación acumulada.
