El Gobierno buscará la próxima semana dictaminar la baja de edad de imputabilidad
El martes se reunirá el plenario y habría acuerdo para avanzar con un proyecto que reduce de 16 a 14 años la edad para que los menores sean juzgados
El oficialismo tiene todo listo para avanzar la semana que viene con el dictamen de los proyectos de ley que buscan reducir la edad de imputabilidad.
El Régimen Penal Juvenil actual establece el piso en 16 años y la Casa Rosada, de la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, envió un proyecto para bajarla a 13 años.
Luego de varias reuniones suspendidas, una por los feriados de Pascuas, otra por el fallecimiento del Papa Francisco y una tercera por temor a no tener quórum por el feriado del 1 de mayo, el próximo martes se reunirá el plenario de comisiones que integrarán Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes y Justicia. Y todo hace suponer que el oficialismo, cediendo, obtendría dictamen.
En acuerdo con otras fuerzas políticas, La Libertad Avanza está cerca de conseguir las firmas necesarias para avanzar con su proyecto, pero con un cambio: la edad sería de 14 años y no de 13 como proponía originalmente.
Con este cambio LLA se asegura el acompañamiento del PRO y de la UCR, el MID y otros bloques menores que suelen acompañar al oficialismo en el recinto. Es importante para el oficialismo lograr el dictamen de mayoría, teniendo en cuenta que en total hay 14 proyectos de ley que van desde bajar a 12 años la edad de imputabilidad hasta mantenerla en 16 años.
Además de la edad mínima de imputabilidad, los proyectos incluyen disposiciones sobre las sanciones aplicables a los menores que cometan delitos. En la mayoría de los textos se contemplan medidas alternativas a la prisión, como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibiciones de conducción o de acercamiento a determinadas personas, así como reparaciones a las víctimas. Estas propuestas buscan equilibrar la necesidad de justicia con un enfoque que priorice la reintegración social de los menores.
Un punto a resolver es el de las penas. Mientras el texto original del oficialismo establecía que entre las diferencias con el régimen penal para adultos es la del límite de las penas poniendo un techo de 20 años. Los proyectos de la oposición dialoguista bajan a 15 años como máximo el tiempo de reclusión. En todos los esquemas queda “prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”.
Un punto que también está en el debate y que es central, aunque el foco está puesto en la edad, es el de los espacios de detención para los menores. Al bajar la edad de imputabilidad, muchos legisladores señalaron que se incrementarán la cantidad de detenidos y señalaron que hoy el sistema no cuenta con lugares adecuados. Asimismo, el proyecto de ley no establece ninguna partida presupuestaria que implique la construcción de nuevos lugares de detención para los menores de 18 años.
