El Gobierno busca recuperar la agenda en Diputados con el Super RIGI y el pago a los holdouts
El pago de USD 171 millones a los fondos buitre ya tiene media sanción del Senado y debe ser ratificado antes del 30 de junio, fecha límite fijada en el entendimiento. Ayer los libertarios lograron bloquear la sesión que impulsaba la oposición para interpelar a Manuel Adorni
Tras haber logrado bloquear el intento opositor de interpelar a Manuel Adorni, el oficialismo buscará retomar la agenda en la Cámara de Diputados. El temario de la sesión convocada para este miércoles a las 12 incluye la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), el pago a los acreedores que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001 y una serie de convenios internacionales.
Ayer los habituales aliados del oficialismo no bajaron a dar quórum como parte de un acuerdo con Martín Menem, quien habilitó el debate en comisión de todos los pedidos para interpelar al jefe de Gabinete. La negociación incluyó que estos mismos aliados se comprometan a impulsar la agenda oficialista, tal como hicieron durante el debate de los proyectos en comisión.
El Super RIGI tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las denominadas “industrias del futuro”. La categoría es bastante amplia e incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.
Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
También garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.
En la bancada libertaria se muestran confiados de contar con los votos suficientes para llegar al quórum y también para aprobar ambos proyectos. Durante el debate en comisión, el oficialismo sumó el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia (Tucumán), Por Santa Cruz y Producción y Trabajo (San Juan), por lo que debería tener al menos 130 votos garantizados.
Para destrabar el dictamen el oficialismo hizo algunas concesiones. A pedido de los bloques aliados se incorporó una cláusula que establece que las inversiones en I+D vinculadas al proyecto se computan por el doble de su valor al momento de calcular el monto mínimo de inversión exigido. Sin embargo, esta ponderación especial no puede superar el 20% del monto mínimo de inversión. El excedente se computará a valor nominal.
Por otro lado, se incluyó la obligación de presentar un plan para el desarrollo de proveedores locales, debiendo comprometer un porcentaje no menor al 20% del monto total de adquisiciones de bienes y servicios durante la ejecución del proyecto. Siempre y cuando “la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.
También se exigirá que los proyectos de inversión cuenten con un informe técnico que demuestre que no comprometen la sustentabilidad de los recursos naturales ni la capacidad de la infraestructura de la zona de influencia, considerando su impacto ambiental y social.
Por otro lado, el segundo tema en orden de importancia para la Casa Rosada será la autorización para ejecutar un plan de pago a dos holdouts que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001
La iniciativa, que fue aprobada en el Senado por 40 votos positivos contra 22 negativos, tiene que ser aprobada antes del 30 de junio, que es el último plazo fijado en el entendimiento. Producto de este acuerdo de conciliación entre las partes alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, se definió que el Estado argentino deberá abonar USD 67 millones a la firma “Bainbridge Ltd.” y USD 104 millones al grupo de holdouts encabezado por “Attestor Value Master Fund LP.”, lo que hace a un total de USD 171 millones.
Ambos fondos integran el grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default (cesación de pagos) declarado a fines de 2001. La ratificación parlamentaria del acuerdo permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
La sesión de este miércoles tendrá otra particularidad: será la última del diputado pampeano Adrián Ravier, que fue designado como nuevo vocero presidencial a raíz del escándalo que involucra a Manuel Adorni.
En el oficialismo evaluaban diferentes posibilidades porque si Ravier renunciara antes de la sesión, no podría aportar al quórum, y en el oficialismo aseguran que “los números están muy justos”. Por lo tanto, no descartaban que el flamante vocero siga siendo diputado hasta la aprobación de todos los proyectos del temario.
