EE.UU. admitió que le preocupa la ley de soberanía por Malvinas que podría alcanzar a sus empresas
El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reconoció que su país sigue «con interés» los alcances de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el proyecto que podría sancionar a las empresas, incluidas las norteamericanas, vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas. Lo dijo en una conferencia de prensa en el Palacio San Martín, junto al canciller Pablo Quirno. Sostuvo que las leyes argentinas son cuestión de las autoridades del país, pero agregó que «es natural que cualquier país se preocupe» por los intereses de sus empresas. Según trascendió, funcionarios de la Casa Blanca ya le habían transmitido al Gobierno su inquietud por el alcance del proyecto 0010-PE-2026, cuyas penalidades podrían alcanzar no solo a las compañías que operan en el archipiélago, sino también a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores.
Landau encuadró la propuesta de disolver el Comité de Descolonización de la ONU (C-24), el foro donde la Argentina sostiene desde 1965 su reclamo, como parte de una reforma general del organismo impulsada por la administración Trump, y dijo que ese comité es uno de los que «a través de los años no han hecho casi nada» y que tomó posiciones «bastante radicales» contra Estados Unidos en temas como Puerto Rico. Pidió que en la Argentina no se confunda una reforma para agilizar la ONU con un tema sustantivo. «No hay otro país en todo el mundo con el cual estemos tan alineados», afirmó. Quirno, por su parte, calificó el reclamo de soberanía de «innegociable» y sostuvo que la eventual desaparición del C-24 no afecta la posición argentina, porque se apoya en resoluciones generales de la ONU, aunque admitió que es un foro de interés porque allí se presenta el reclamo cada año.
El canciller defendió la ley, que según él busca dar herramientas que la norma vigente no ofrece, y aseguró que «no va en contra de ninguna empresa en particular»: plantea que las compañías elijan entre operar en el continente argentino o mantener licencias «ilegítimas» en las islas. El vocero presidencial, Adrián Ravier, había reconocido esta semana que la postura argentina frente al pedido estadounidense está «bajo análisis» y no descartó cambios en el debate parlamentario, mientras que la Argentina se abstuvo el 15 de octubre en dos de los 23 proyectos de la Cuarta Comisión de la ONU sobre descolonización, algo que Quirno atribuyó a «razones técnicas» y que la oposición leyó como un gesto hacia Washington.
También se habló de inversiones: Landau evitó referirse a los USD 20.000 millones que anticipó el embajador Peter Lamelas, quien los condicionó a que el país siga «hacia la derecha», y elogió al Gobierno por crear las condiciones para «otra época dorada». Quirno admitió que el embajador dice a menudo que quiere que el Gobierno sea reelecto, pero aseguró que «el único condicionamiento» es seguir con el equilibrio fiscal y la previsibilidad. Antes de las preguntas, se anunciaron USD 13 millones para programas contra el narcotráfico, un Pacto para la Protección de la Infancia firmado por el ministro Juan Bautista Mahiques con apoyo de hasta USD 10 millones contra la trata de menores, y USD 15 millones no reembolsables para un centro de ciberseguridad que incluye una evaluación de la red troncal de Arsat. Consultado por las advertencias a directivos con vínculos con Huawei, Landau dijo que las visas son «una herramienta de la política exterior» y bromeó con que lo llaman «el quitavisas».