La Justicia suspendió por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires
Apenas dos días después de que entrara en vigencia la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Argentina, la Justicia bonaerense ordenó suspender de manera preventiva su aplicación en todo el territorio provincial por un plazo de 60 días. La medida cautelar fue dictada este lunes por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, al hacer lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, con el patrocinio de la abogada Patricia Liguori, en representación de los adolescentes privados de su libertad en la provincia.
La nueva normativa incorpora al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años —hasta ahora no punibles en esos casos—, excluye determinados supuestos que antes quedaban fuera del régimen y aplica la escala penal prevista en el Código Penal. En su resolución, la magistrada advirtió que estos cambios «aumentarán considerablemente la cantidad —por mayores ingresos y por mayor permanencia— de personas privadas de la libertad», y remarcó que el eje central del problema no es solo ese incremento, sino si la provincia cuenta actualmente con la infraestructura y los recursos materiales, institucionales y profesionales suficientes para alojar a esos jóvenes en condiciones dignas.
La jueza sostuvo que, tratándose de niños y adolescentes, rige un principio precautorio que obliga al Estado a prevenir razonablemente situaciones de vulneración grave de derechos, sin necesidad de esperar a que esas violaciones ya se hayan producido. La resolución también ordenó al Ministerio de Seguridad bonaerense, al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial que adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la suspensión. Además, la magistrada convocó a una audiencia multipropósito para el próximo 16 de septiembre, en la que los responsables de las principales áreas del Poder Ejecutivo bonaerense vinculadas a la implementación de la ley deberán informar qué medidas adoptaron, cuáles tienen previstas y en qué plazos piensan llevarlas adelante.
