La Justicia inhibió los bienes de Alberto Fernández en la causa por las irregularidades con los seguros del Estado
También levantaron el secreto bancario y fiscal sobre el expresidente y el resto de los involucrados. Ercolini pide informes a la UIF y analiza la relación con el broker Martínez Sosa desde 2009 en adelante.
La justicia federal dispuso la inhibición general de bienes y el levantamiento del secreto bancario del expresidente Alberto Fernández, en el marco de la causa que investiga la presunta intermediación irregular de seguros para las distintas reparticiones públicas durante su gestión. Del mismo modo, el juez Julián Ercolini ordenó el levantamiento del secreto en torno a Reportes de Operaciones Sospechosas que pudieran obrar en la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto a todos los imputados. El juzgado consideró que esta medida cautelar debía ser adoptada a partir del «avance» de la investigación y de las pruebas ya recolectadas en el expediente.
El juez destacó la relación entre Martínez Sosa como esposo de Cantero, la secretaria de Fernández pero además que Castello Mercuri SA fue aportante de campaña del Frente de Todos. Había «intermediarios» y «organizadores de pólizas» de otros productores. Y que la ANSES ocupaba el segundo lugar entre los entes públicos que más comisiones pagaron entre 2020 y 2024.
El escrito señala que, por ejemplo, de San Ignacio Sociedad de Productores y Asesores de Seguros SA su sede real no pudo ser hallada. A partir de un sainete para la entrega de documentación reconstruyeron por cámaras que las cajas aportadas a la justicia habían sido trasladadas a un garage en un vehículo de una persona con vínculos parentales. A partir de ello se estableció que existía una relación familiar y societaria que llegaba hasta el Gerente de Compras de Nación Seguros, Marcos Federico Eufemio. Allí empiezan a cruzarse vínculos societarios o de parentesco entre personas que aparecían como contactos entre Nación y las distintas compañías que a su vez registraban vehículos de alta gama que tenían a varias personas autorizadas a conducirlos.
«Sentado lo expuesto y teniendo presente la modalidad económica de los delitos aquí pesquisados, existe una fundada sospecha de que los nombrados podrían llegar a disponer de los bienes que integran su patrimonio, con anterioridad al dictado de una eventual sentencia en su contra», afirma la resolución de Ercolini. En ese marco, solicitó al BCRA que proceda a fajar eventuales cajas de seguridad que los involucrados posean en bancos comerciales.
Además del levantamiento del secreto bancario, el juez solicitó informes a la AFIP y también extendió el lapso de la pesquisa sobre el expresidente y Martínez Sosa desde 2009 en adelante. A su vez, dispuso el congelamiento de activos de una Cooperativa y que la Oficina Anticorrupción aporte las declaraciones juradas como funcionario público de Fernández, su secretaria y de los funcionarios de Nación Seguros que aparecen involucrados.
