El Gobierno flexibilizó el RIGI: proveedor local sin exigencia de capital nacional

El Decreto 1366/2026, publicado el lunes 16 en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei, Diego Santilli y Luis Caputo, modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que había aprobado el Decreto 749/2024. El cambio central redefine al “proveedor local”: ahora lo será toda sociedad constituida y domiciliada en la Argentina, sin importar la nacionalidad de sus accionistas ni el origen de su capital, y desaparece el requisito de que al menos el 51% del capital o de los votos estuviera en manos locales. El decreto no fija todavía un porcentaje obligatorio de compras locales, y según el Gobierno busca favorecer la integración de empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro de los proyectos.

La norma también facilita el acceso al mercado de cambios: para acreditar los dólares ligados a un proyecto ya no cuentan solo los que liquide directamente el Vehículo de Proyecto Único, sino también los aportes o financiamientos externos de sus accionistas directos o indirectos, socios o integrantes de una UTE, con condiciones que fija el Banco Central. Además, precisa plazos de inversión por etapas y habilita reorganizaciones societarias y compras de participaciones sin perder los beneficios del régimen, y contempla a las sucursales dedicadas exclusivamente a proyectos del RIGI. Un medio crítico, Plan B, sostiene que Caputo desoyó los pedidos de la Unión Industrial Argentina de dar más lugar a empresas nacionales y lo interpretó como una flexibilización del “compre nacional”. El cambio llega mientras el Súper RIGI sigue frenado en el Senado por el capítulo de proveedores locales.

Ayer, en paralelo, Economía informó un superávit primario de $1,93 billones en octubre y de 1,4% del PBI en diez meses, la meta anual del FMI, aunque Infobae advierte que noviembre y, sobre todo, diciembre, por el aguinaldo, definirán si se cumple.