La CGT marchó al Ministerio de Economía por el endeudamiento familiar y le reclamó tres medidas a Caputo
La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA, la UTEP y organizaciones sociales protagonizaron ayer jueves la denominada “Marcha de los Endeudados”, una movilización hacia el Palacio de Hacienda para exigirle al Gobierno una respuesta ante la crisis de sobreendeudamiento que atraviesan millones de familias argentinas. Las columnas se concentraron desde las 14 en dos puntos de la Ciudad —Paseo Colón y Estados Unidos, y Paseo Colón e Independencia— y avanzaron hacia el Ministerio de Economía, en Hipólito Yrigoyen 250, en una jornada con fuerte despliegue de vallas y presencia policial.
Los cosecretarios generales de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, entregaron una nota dirigida al ministro Luis Caputo con tres reclamos puntuales: que el Banco Central regule de manera efectiva las tasas de interés que aplican bancos, aplicaciones financieras y billeteras virtuales; que se analice la situación de endeudamiento de las pymes, cuya continuidad y puestos de trabajo están en riesgo; y que se ponga en marcha un programa oficial de refinanciación de deudas con tasas acordes a la evolución de los ingresos. “El endeudamiento lo produce el proyecto político del Gobierno, efectivamente tienen la responsabilidad”, sostuvo Sola en diálogo con la prensa.
El reclamo se apoya en cifras alarmantes: según el Banco Central, la tasa de incumplimiento en préstamos a hogares llegó al 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% de octubre de 2024, con 5,8 millones de personas registrando atrasos superiores a 90 días. Otro relevamiento, del Monitor Mensual de Crédito a las Familias de la Universidad Austral y la consultora EcoGo, ubicó la mora en 17,5% en junio. El rector Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, cuestionó además los beneficios impositivos otorgados a fintechs como Mercado Pago mientras crece el endeudamiento popular. El presidente Javier Milei había rechazado días atrás cualquier asistencia estatal a los deudores, al considerar que se trata de “un problema entre privados”.
