La Justicia le dio 15 días a Manuel Adorni para justificar su patrimonio por presunto enriquecimiento ilícito
El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó al exjefe de Gabinete Manuel Adorni a explicar el origen de una serie de fondos, bienes y movimientos financieros detectados en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. El requerimiento, de 207 fojas, fue presentado ante el Juzgado Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo, y detalla 20 puntos concretos sobre los que el exfuncionario deberá dar explicaciones en un plazo de 15 días, bajo apercibimiento de ser convocado a una indagatoria si sus respuestas no resultan convincentes.
Según el informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), entre el 14 de diciembre de 2023 —cuando Adorni asumió su primer cargo en el gobierno de Javier Milei— y el 27 de junio de 2026, el funcionario percibió 35 salarios que, sumados a los ingresos de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, alcanzaron los $229.752.283. Sin embargo, el grupo familiar registró en ese mismo período gastos por $272.820.832 —entre tarjetas de crédito, seguros, expensas, electrodomésticos, impuestos y viajes—, lo que arroja una diferencia de $43.068.549 sin justificar. A eso se suman otros USD 402.578 cuyo origen tampoco pudo acreditarse, de los cuales más de $51 millones y USD 374.000 fueron abonados directamente en efectivo.
Entre los puntos más sensibles del requerimiento figura la remodelación integral de una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, además de muebles para ambas propiedades. En su declaración judicial, el contratista Matías Tabar reveló pagos por USD 245.000 para esa reforma, un testimonio que complicó especialmente a Adorni. También se detectaron consumos con tarjeta en viajes al exterior, entre ellos USD 14.696 en Aruba, USD 4.137 en España y USD 6.055 en Estados Unidos. La causa se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, luego ampliada por los legisladores Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.
