Ley Ómnibus: el Gobierno asegura que está abierto a un acuerdo, pero la oposición presiona para armar una mesa de negociación

“Si no fuera por nosotros esta ley no sale. Si no levantábamos el teléfono, no sé dónde estaríamos ahora”. La frase pertenece a un importante diputado de la oposición dialoguista, el techo sobre el que se mueven los bloques de la UCR y Hacemos Coalición Federal, que conducen Rodrigo De Loredo y Miguel Ángel Pichetto. El primero contiene a 34 legisladores y el segundo a 23. Un acuerdo con ambos sectores es determinante para el oficialismo si el objetivo es sacar la mejor ley posible. Sin el apoyo de ellos, la ley no sale.

Hay dos realidades paralelas. En el sector de la oposición, que está dispuesto a acompañar el proyecto pero reclama modificaciones, aseguran que falta generar una instancia formal para poder negociar los cambios puntuales del extenso texto. Una mesa donde estén sentados los principales dirigentes opositores y un interlocutor que esté avalado y empoderado por Javier Milei, que tenga capacidad de subir o bajar el pulgar a las modificaciones que plantean desde la oposición.

En los dos bloques coinciden que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, es un interlocutor “voluntarioso” pero al que le falta el poder necesario para avanzar en la negociación más fina. Creen que no tiene capacidad de decisión y eso lo limita en las reuniones. Debe consultar todo con la Casa Rosada y el trabajo parlamentario se vuelve espeso, porque las respuestas no llegan.

“Hay que empezar a hacer un punteo artículo por artículo para lograr un acuerdo previo y sacar un dictamen de mayoría en los próximos días”, plantearon en la UCR. El radicalismo hace varios días que generó un semáforo con los artículos de la ley. Los que acompañarán, los que están en duda y los que no apoyaran bajo ningún concepto.

José Luis Espert, Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz, los tres presidentes de las comisiones en las que se está debatiendo la ley ómnibus en el Congreso (Franco Fafasuli)

En esa lista hay seis puntos centrales que tienen la marca roja y que no son aceptados por el histórico partido: la extensión de la emergencia pública, la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, la supresión de la fórmula jubilatoria y la instalación de los aumentos por decreto, la reforma electoral, la privatización de las empresas públicas (no avalan las de YPF y Banco Nación) y el aumento de retenciones. La mayoría tampoco son apoyadas por el bloque de Pichetto. Hay una causa común. Un punto de encuentro.

La intención que tienen en la UCR, Hacemos Coalición Federal y el PRO es lograr un acuerdo entre los tres con los puntos clave para negociar con el oficialismo, con el fin de avalar un dictamen conjunto y darle un sostén político importante al proyecto de ley. Armonizar posiciones para fundar el consenso. La gran duda de los tres sectores de la oposición es si Milei validará los cambios que le fueron enviando a Menem y de los que no han recibido respuestas concretas.

El PRO es el espacio que está más cerca del oficialismo y que exige menos reformas. En cambio, los otros dos bloques están haciendo valor su rol de árbitro en un Parlamento fraccionado y exigen modificaciones sustanciales para prestar sus votos. Más allá de la intención de apoyar y la decisión de brindar gobernabilidad, en ambos bloques dicen estar “desconcertados” por las afirmaciones del Jefe de Estado, que ayer dijo que estaba el número de votos para que la ley se apruebe. “Están los números, creemos que va a salir todo”, sostuvo.

En la oposición aseguran que hay un modus operandi que se volvió habitual en el Gobierno. Reciben los cambios que los bloques quieren hacer, responden a través de los medios de comunicación y modifican algunos artículos en público para mostrar que son flexibles. “Estamos siendo pacientes. Después de las agresiones que hemos recibido a nuestro partido, que no avalamos y las reprochamos, pusimos la otra mejilla y queremos apoyar”, fue la síntesis de un diputado radical.

El presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo (Maximiliano Luna)

“Parece mentira pero estamos más preocupados nosotros que el oficialismo para que la ley salga. La verdad termina siendo una sola”, fue la sentencia de un diputado que integra el bloque de Pichetto y que está molesto por la falta de praxis política y el desorden que existe para poder negociar los puntos esenciales de la ley. En La Libertad Avanza (LLA) aseguran que hay “varios canales abiertos” y confían en que el proyecto va a poder tratarse en el recinto antes de fin de mes.

En los tres bloques opositores aclaran que la única forma de que el oficialismo logre un dictamen de mayoría es con el aval de ellos. Es decir, un dictamen que lleve la firma de los legisladores de la UCR, Hacemos Coalición Federal, el PRO y LLA, y que llegue a la discusión final lista para darle la media sanción.

Si el oficialismo quiere asegurarse la votación en la cámara, entonces tendrá que conceder modificaciones en la comisión y llegar a la votación final con todo acordado. “Nosotros lo que queremos es asegurar el dictamen y una votación positiva en la ley general”, explicó a Infobae uno de los legisladores opositores más activos en la búsqueda de acuerdos parlamentarios.

Las negociaciones para que eso ocurra están abiertas y se desarrollaran en diferentes oficinas del Congreso. En ese toma y daca informal el radicalismo tiene como representantes al presidente del bloque, Rodrigo De Loredo y al ex diputado y secretario parlamentario del bloque, Alejandro Cacace. Por Hacemos Coalición Federal están Miguel Pichetto, Juan Manuel López, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Carlos Gutiérrez y Oscar Agost Carreño. Por el PRO están al frente Cristian Ritondo y Silvia Lospenato. Ambos, junto a María Eugenia Vidal, estuvieron reunidos el miércoles por la noche con Menem.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro

El presidente de la Cámara baja y el secretario de relaciones parlamentarias, Omar De Marchi, son los principales dirigentes del Gobierno inmersos en las negociaciones. También están el presidente del bloque libertario, Oscar Zago, que busca, al igual que los bloques opositores, llegar al recinto con un dictamen de mayoría, y Nicolás Mayoraz, el santafesino que preside la comisión de Asuntos Constitucionales.

La oposición espera que con esos lazos activos se pueda llegar a un acuerdo para la semana que viene armar una mesa de negociación con los jefes de bloque. Algunos legisladores también han tenido un acercamiento al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, al que señalan como uno de los ideólogos del proyecto. Sin embargo, tampoco lo ven como el hombre indicado para hacer el conteo de voluntades opositoras y negociar en nombre de Milei.

El próximo lunes, después de que el bloque de Unión por la Patria (UP) reclamara en reiteradas oportunidades, los diputados recibirán a diferentes sectores de la sociedad que están preocupados por el impacto de la ley en sus áreas. Habrá representantes del agro, la producción, los biocombustibles, los sindicatos, la cultura y la medicina, entre otros tantos, que durante la semana que se termina mantuvieron reuniones con distintos legisladores opositores planteando sus diferencias con el proyecto y el impacto de la ley.

Silvia Lospenatto, una de las legisladoras del PRO que está inmiscuida en las negociaciones para sacar adelante la ley (Franco Fafasuli)

La CGT, por ejemplo, está esperando la asignación del día y la hora para poder reunirse con el radicalismo la semana que viene. Ese encuentro podría concretarse el martes. La central obrera se juntó en las últimas horas con el bloque de la izquierda y confirmó en un plenario de delegados regionales que mantiene el paro para el 24 de enero, un día antes de la fecha apuntada por el oficialismo para tratar la ley en la Cámara baja.

“No aceptamos el ‘todo o nada’ de Milei. Que salga la ley depende de ellos”. Esa frase de un importante diputado nacional de la UCR engloba la postura de la oposición dialoguista. Para sacar la ley, el Presidente está obligado a conceder. Si lo hace, recibirá los votos necesarios y empezará, un puñado de días después, el tratamiento en el Senado, donde la presión se posará sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel. Si la decisión es la contraria, no habrá ley ómnibus.